De políticos empresarios a empresarios en la política y la lucha por el ambiente de nuestros vecinos migueleños.
No es de extrañar la estrecha relación entre los empresarios y la política. A mediados del siglo pasado, los políticos fueron empresarios y muchos, utilizaron su esfera de influencia para incidir sobre las políticas de gobierno, con el fin de no solo obtener mayores ganancias, sino también insertarse en redes de información y recurso humano. Así en Costa Rica como en América Latina, la vinculación de políticos empresarios al contexto latinoamericano, no es historia nueva.
En la actualidad, la vinculación de los empresarios en la política se enfoca más en buscar la prosperidad de sus máquinas generardoras de ingresos personales que en poner a disposición del pueblo su experiencia y conocimientos procurando el bien popular. Ahora es común ver las estrechas alianzas que entabla el gobierno con las organizaciones empresariales como: Horizonte positivo, alianza para el progreso de las empresas, ANFE, UCCAEP entre otras más. Estos empresarios, han logrado que el gobierno del actual presidente Carlos Alvarado Quesada direccione sus políticas hacia la derecha más radical que, apoyado en los medios de comunicación, nos venden la idea de la legítima explotación total de los recursos naturales de nuestro país.
La despreocupación de nuestro gobierno por el bienestar de nuestros recursos deja evidencia de qué tan estrecha es está relación que proclama a todo galillo la explotación de los recursos naturales y la disonancia entre los resultados logrados y el pregonar, a viva voz, la idea de una Costa Rica “verde.”
Ahora bien, dejando a un lado el contexto nacional, afinaremos un poco más nuestro enfoque redirigiendolo hacia nuestro contexto inmediato: la lucha de nuestros vecinos migueleños contra la implementación la Planta de Asfalto de Quebradores Río Frío. ¿Esto en qué nos afecta? Preguntarán muchos, porque no estamos vinculados directamente. Para responder a esta pregunta manifestaremos dos razones.
La primera razón tiene una relación directa con el contexto nacional que explicamos previamente, pues se está replicando esta estrechez entre la relaciones político-municipales y los empresarios. Empresarios que no están trabajando por el bien de las comunidades como sucede con los dueños de esta planta de asfalto. Se está replicando la situación nacional que vemos a diario en las noticias, empresarios que ponen en funcionamiento proyectos que no tienen estudios y que tampoco respetan los estudios de impacto ambiental pasando por alto hasta lo que dicta la ley. No deberíamos cuestionar el accionar de los migueleños, ni la figura de su representante, sino más bien el hecho de que una compañía de esta clase funcione sin permisos y en un área protegida como lo está haciendo. Deberíamos cuestionar a los funcionarios municipales, entidades públicas y autoridades de nuestro gobierno local de turno, el no hacer valer su autoridad en contra de semejante atropeyo al bienestar ambiental e intrincicamente a la salud pública.
La segunda razón tiene que ver con la solidaridad. Las luchas comunales son muy importantes porque permiten no sólo concretar objetivos sociales, sino que también, permiten crear redes de cooperación y apoyo que, en este caso, se traduce en una vigilancia celosa de nuestros recursos naturales mediante un consumo con sentido. Esto quiere decir, establecer una relación con la naturaleza de intercambio y bienestar; no una relación depredadora como lo proclama nuestro sistema capitalista.
¿A quién no le gusta sentarse al margen del río a leer sobre caballeros y conquistadores, sobre aventuras submarinas y viajes interminables? Hay que cuidar nuestros recursos para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de soñar, leer y actuar con la naturaleza y no en contra de ella.
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