Violencia estructural y desigualdad durante la pandemia del COVID-19 en Costa Rica (1era Parte)

Actualizado: may 16

Por Ismayaira Guillén Montero[1]


“La desigualdad en nuestras sociedades es una opción política más que una consecuencia económica” (Joseph Stiglitz, 21 de mayo del 2018, El Diario.es)


Introducción


En los últimos nos vimos sometidos a una “nueva dinámica cotidiana” producida por la pandemia del virus COVID-19. En una lucha desesperada por mantener esta enfermedad bajo control, los países europeos – los primeros en sufrir contagios masivos- y posteriormente América Latina- con promedio de tres semanas de retraso de contagios con respecto a Europa- cerraron sus fronteras provocando una caída completa de la frágil economía mundial y el agravo de una serie de problemas sociales ya existentes.

En nuestro país, durante las primeras semanas de contagio, los costarricenses temerosos optamos como pudimos a quedarnos en casa. Este eslogan repetido una y otra vez, en todos los medios de comunicación posibles incluso las redes sociales comenzaron a evidenciar los problemas estructurales que sufrimos y la violencia a la que se ve sometida nuestra sociedad, mediante la romantización y el desvío de nuestra atención de la desigualdad, la injusticia, la inequidad, la exclusión, el desempleo y el hambre.

El agravo de los problemas de desigualdad de hoy día, no son totalmente producto de la pandemia, debemos ser conscientes de que, el COVID-19 vino a intensificar estas desigualdades, pero no las creó. Estas problemáticas han existido por añoy no las notamos porque desviamos nuestra atención a otro tipo de situaciones que los medios nos señalan y que a nivel de impacto social son menos importantes.



Imagen 1: Caricatura Pantys "El Paladín Josefino." Artista: Francisco Munguía.



Las desigualdades que hoy enfrentamos como nación, son consecuencias de la violencia estructural que el estado, las élites económicas y empresariales utilizan para controlarnos y está representada en una nula comunicación, la desinformación con fakes news, la tergiversación de los hechos y la desviación de la atención de los ciudadanos hacia problemas de poco impacto en la sociedad.


I. Costa Rica antes del COVID-19

Desde las elecciones presidenciales del año 2018, el disgusto y la incomodidad se ha venido gestando en nuestra sociedad, en la que la intolerancia y el odio han sido el pan de cada día. Esto es producto de una serie de problemas heredados como es el problema fiscal.

En este análisis de coyuntura, el Estado de la Nación del 2019, explica que a pesar de la aprobación de un plan fiscal regresivo[1], Costa Rica dio el paso para ganar tiempo y reorganizar el modelo de desarrollo que se ha venido practicando en el país, ya que nos encontramos en una coyuntura de desaceleración económica, desbalance de las finanzas públicas y alta conflictividad social.[2] No obstante, esta corrección del margen de acción no garantiza que el estado vaya a contar con los insumos económicos para estimular la economía con una mayor inversión en el gasto público e inversión, lo que le deja como única salida: el endeudamiento. Lo que pasa con esto es que lo caro de la deuda provoca que sea muy difícil acceder a ella por sus limitaciones y provoca al mismo tiempo, riesgos adicionales. Esta difícil coyuntura se explica en los siguientes factores:

Una desaceleración económica en casi todas las actividades económicas salvo el sector construcción que logró recuperarse de la crisis sufrida en 2017. Dichas actividades (servicios inmobiliarios y actividades de alojamiento y servicios de comida) incrementaron su dinamismo.[1] Hay una fuerte contracción del gasto en hogares y el índice mensual de actividad económica (IMAE) mostró que la desaceleración es principalmente en el mercado interno de la economía. Esto se agrava con factores internacionales como, por ejemplo, la crisis humanitaria en Nicaragua y Honduras, un entorno internacional tenso entre Estados Unidos y China.[2]

La falta de inversión del Estado en la economía y la desaceleración de la mayoría de las actividades productivas en el país ha contribuido a pocas oportunidades de empleo y de baja calidad que limita las oportunidades de reducción de pobreza y desigualdad. Estas características se agravan en las zonas fuera de la Gran Área Metropolitana. “La situación es crítica para quienes tienen baja escolaridad, las personas jóvenes o con discapacidad y particularmente mujeres. Estas debilidades del mercado de trabajo afianzan las brechas sociales […]”[3]

Sumado a estos problemas estructurales debemos considerar la pérdida de capital político que se ve reflejado en el poco respaldo electoral del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, que fue sometido a segunda ronda y ganó por muy poco margen de votos. Heredero de todos los problemas económicos y sociales antes mencionados, se ha enfrentado a los mismos con poco respaldo social debido a su nula disposición para dialogar con los diferentes sectores sociales. En otras palabras, este gobierno cuenta con los índices más altos de las últimas seis administraciones en: conflictividad social. La mayoría de estas huelgas son fuera del área metropolitana; esto nos dice que las actividades económicas que han sido desatendidas por el gobierno, el desempleo y la

desaceleración económica golpea principalmente estas zonas mientras que la GAM se encuentra estancada.

Es así como un estado en recesión económica, que cambia hacia un gobierno débilmente legitimado por el ejercicio democrático del voto, enfrenta la crisis de pandemia mundial COVID-19 que viene no sólo a agravar los problemas como se ha mencionado antes, sino que también deja en evidencia la serie de violencias que utiliza el estado y los agentes económicos contra la ciudadanía.


I. Costa Rica durante la pandemia del COVID-19

Con una leve recuperación económica iniciada en junio del 2019 hasta febrero del 2020, la economía del país se proyectaba hacia un panorama positivo. No obstante, con el primer caso de COVID-19 el 5 de marzo del 2020, y las medidas sanitarias tomadas al interior del país y en la región latinoamericana causó una disminución del crecimiento económico. En el Informe Mensual de coyuntura económica del Banco Central de Costa Rica a setiembre del 2020, la economía ha decrecido a un ritmo menor en comparación con otros países vecinos e indica que: “La caída en el volumen de producción es mayor en las actividades de hoteles y restaurantes (62%9, transporte y almacenamiento (34.8%) y comercio (16,4%) […]”[1]

Esta pérdida de la producción se debe a las medidas sanitarias tomadas por las autoridades para salvaguardar la salud de sus habitantes y a las medidas tomadas por los demás países del mundo y la región. Como es el caso de Panamá, cuyo cierre de fronteras disminuyó la exportación de productos cárnicos, la región centroamericana; y la tensión política entre China y Estados Unidos. Aunado a esto, el mercado interno sufrió una contracción en el consumo, ligado principalmente a los despidos, las reducciones de jornadas laborales y la suspensión de contratos de trabajo, que lejos de beneficiar a la población, disminuyó el consumo y abrió varios portillos legales para precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores del sector privado.

Los estragos de la pandemia aumentaron el desempleo a mediados de octubre del 2020, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), la tasa de desempleo nacional alcanzó el 23,2%. Las mujeres (29,1%) son las que presentan mayor tasa de desempleo con respecto a los hombres (19,3).[1] Mientras que el empleo informal se mantiene en 47.1% con respecto a la población.

La presión ejercida sobre las personas menos favorecidas por las políticas económicas y sociales ha generado disgusto y presión en los y las costarricenses, provocando en los meses de agosto y setiembre, el estallido social mediante huelgas, marchas y bloqueos de carreteras. Dichas acciones han puesto en una delicada posición a la institucionalidad nacional.


I. La violencia estructural, la violencia cultural y su ejercicio.

El contexto antes descrito muestra la violencia que las élites empresariales y los gobiernos de turno aplican día con día en nuestra sociedad y como nosotros mismos, en la lucha por la construcción de paz social, vulneramos los grupos económicos en riesgo social.

La violencia se puede entender como el “uso voluntario de la fuerza contra la supervivencia o bienestar de personas, puede ser por un individuo o conjunto de individuos o un Estado”[2] No obstante, no podemos concebir la violencia como una sola, sino que se debe considerar en plural “violencias”, porque existen muchos tipos de violencia como la violencia directa y la violencia estructural que nacen a partir de los conflictos económicos, sociales y políticos.

Cuando la violencia es explícita, es decir que se ejerce para someter u obligar a un individuo a realizar una acción o realizar nuestra voluntad se denomina violencia directa. Esta es la violencia que vemos diariamente en los enfrentamientos entre los policías contra los manifestantes y de los manifestantes contra la policía. Esta violencia se manifiesta principalmente cuando el Estado, en su lucha por establecer el control utiliza el aparato legal y legítimo de la fuerza: el cuerpo policial.[1]

Por otro lado, existe una violencia que tiene actores no visibles, a la que llamaremos violencia estructural. La violencia estructural es aquella violencia ligada a la injusticia, la inequidad, la marginación, la exclusión, la pobreza, la explotación y su reproducción.[2] Esta violencia está directamente sujeta a la desigualdad y la democracia. Y se apoya de la violencia cultural para legitimarse por medio de mecanismos simbólicos y agentes. Esto debilita la democracia y pone en peligro nuestro estado democrático.

El esquema 1, explica la forma en la que se puede analizar la violencia imperante en nuestras sociedades latinoamericanas, según lo explicado por Tortosa.



Esquema 1: elaborado a partir del modelo de análisis de la violencia y el conflicto según José María Tortosa, Desigualdad, conflicto y violencia, p. 105

Estos mecanismos afectan la democracia y ponen en riesgo nuestra institucionalidad. Por lo que podemos dar ejemplos concretos de la sociedad costarricense actual que demuestra que somos una sociedad violenta y violentada por los agentes dominantes y por nosotros mismos. Es decir, aunque Tortosa plantea este esquema para un análisis macro, también se puede plantear desde lo micro. Esto nos permite realizar introspección para analizar nuestro entorno inmediato.

Nuestro primer ejemplo será la violencia de género.

Violencia de género: La violencia de género es una problemática seria que nos ha afectado como sociedad a través de la historia. Desde la discusión de Sepúlveda en las Cortés de Cádiz con Fray Bartolomé de las Casas, sobre si la mujer posee alma o no y si debe de considerarse una persona, hasta los infanticidios que se realizan año con año en países como China, en el que el nacimiento de una niña no es económicamente viable. Esta violencia no es exclusivamente hacia mujeres, pero sí mayoritaria.

La violencia de género se manifiesta en femicidios, agresiones domésticas, violaciones, trata de personas, violación de derechos humanos e incluso la exclusión social. Cada una de estas formas de violencia son ejercidas mayoritariamente por hombres hacia mujeres, medios de comunicación hacia mujeres, estado hacia mujeres y se legitima por medio del patriarcado.

El patriarcado es un sistema social en el que impera la autoridad del hombre sobre los seres vivos y personas. Nuestra sociedad occidental es patriarcal, por eso al decir que nos rige el patriarcado o escuchamos las consignas feministas sobre la destrucción del patriarcado hace referencia a que, la mayoría de las leyes, discusiones, puestos de empleo, etc.; son o están pensadas por y para hombres.

Otras representaciones del patriarcado son los roles de género asignados en función del sexo en las profesiones, la educación secundaria y primaria, el hogar, el trabajo, entre otros más. Este mecanismo invisible del que hablamos se llama machismo o androcentrismo. Este es el sistema de legitimación cultural que utiliza el patriarcado para excluir a grupos específicos de la población al acceso de derechos y posiciones de poder.

En nuestro país, la pandemia del COVID-19 vino a agravar la problemática de la violencia de género contra las mujeres. Según un artículo que sacó FLACSO Costa Rica sobre la representación de la violencia contra la mujer, menciona que al 30 de setiembre del 2020 se suman 54 muertes violentas de mujeres de las cuales 10 han sido declaradas femicidio y 38 están en proceso.[1]

Es decir, hay cinco muertes más con respecto al año 2019. Además de esto, el #Quedate en casa produjo un aumento en los casos de la violencia doméstica contra las mujeres a 14 513 casos en el primer trimestre del 2020, son 1770 casos más en comparación con el año 2019. Este aumento de casos responde a los roces por convivencia en el hogar. Además de esto, la pandemia ha aumentado la presión sobre los roles que le asignamos a las mujeres sobre cómo desempeñarse en el hogar, haciendo que además de lidiar con sus jornadas laborales deban lidiar totalmente con las labores del hogar y la crianza de los hijos. También esta situación pandémica, las priva en muchas ocasiones, de acceder a los canales de denuncia de la violencia.

Por otro lado, durante esta pandemia ha quedado en evidencia la exclusión de las mujeres al acceso a la justicia. La falta de empatía, los titulares sensacionalistas y revictimización por parte de medios de comunicación y el sistema judicial para con los femicidios, muestra que las mujeres somos actoras excluidas del sistema judicial. El mejor ejemplo de esto fue el caso del femicidio de la joven Luany Salazar. El abordaje del OIJ, a través de su director Walter Espinoza, colocó la responsabilidad por el asesinato del lado de la víctima.

“Este mecanismo deplorable opera al enfocar las causas del homicidio de una mujer en el mismo entorno de su vida personal y no sobre las personas sospechosas y sus móviles y pone en evidencia la ausencia de la responsabilidad social de los medios al desatar reacciones y posturas similares entre personas de la sociedad civil, qué, básicamente, encuentran una validación de su criterio a través de un referente o autoridad.”[1]

En este caso, la difusión que le dieron los medios y sistema judicial al caso de Luany Salazar orientó la opinión pública a la revictimización y pérdida de la credibilidad de la muchacha y sus familiares, que clamaron por justicia. Una justicia que les fue negada, aunque los medios y el OIJ pidieran disculpas por la situación ocasionada.

En los ámbitos laborales, son las mujeres, las que según el INEC en su encuesta de empleo del segundo trimestre del 2020, representan las mayores tasas de desempleo (29,1%) en comparación con los hombres (19,3%).[2] Además, con las medidas laborales impulsadas por la UCCAEP y algunos partidos políticos, sobre la flexibilización de la jornada laboral de 12 horas, pone en riesgo que este porcentaje de desempleo para las mujeres aumente, porque como mencionamos la extensión de las jornadas laborales implicaría un choque con las labores del hogar que asume dentro de su rol asignado dentro del hogar.[3]

El estado es uno de los responsables directos de estas situaciones pues, no crea mecanismo de protección que garanticen la igualdad de la mujer en el mundo laboral. No hay protocolos para la administración de justicia en caso de femicidios y no existe equidad ni igualdad de derechos.

No obstante, nosotros como ciudadanos reproducimos esta violencia también mediante el consumo de productos que denigran a las mujeres, al emitir juicios de valor y estereotipos que lejos de convertirnos en una sociedad más justa e igual; nos convierte en una sociedad violenta e incapaz de cambiar.





[1] Historiadora graduada de la Universidad de Costa Rica. Administradora de Empresas en Banca y Finanzas graduada de la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente trabaja en el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Ciencias Sociales y Humanidades (CALAS): Laboratorio Visiones de Violencia y Paz en América Latina, Programa del Centro de Investigaciones Históricas de América Central en la Universidad de Costa Rica. También es consultora privada de Investigación en Historia y análisis de datos. Contacto: isma.guillen@eldistrito7.com


[1] Regresivo significa que carga a una clase específica la carga fiscal y no a todas, de acuerdo con sus posibilidades. [1] Estado de la Nación 2019, p.34, https://estadonacion.or.cr/wpcontent/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf [1] Estado de la Nación 2019, p. 35. https://estadonacion.or.cr/wpcontent/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf [1] Estado de la Nación 2019, p. 35. https://estadonacion.or.cr/wpcontent/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf [1] Estado de la Nación 2019, p. 36. https://estadonacion.or.cr/wpcontent/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf [1] Informe Mensual de Coyuntura Económica, setiembre 2020, p.1. Disponible en: https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Documentos/Informe%20Mensual/2020/Informe%20Mensual%20de%20Coyuntura%20Econ%C3%B3mica%20setiembre%202020.pdf [1] Encuesta Continua de Desempleo de Junio, Julio y agosto, disponible: https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-trimestre-movil-jja-2020-infografia [1] Tortosa, José María. (2012). “Las otras violencias” en Desigualdad, conflicto y violencia. Cinco ensayos sobre la realidad mundial (Ecuador: Ediciones Postgrados), p. 105. [1] A propósito, pueden consultar la conferencia sobre Policía y Paz, del Laboratorio Visiones de Violencia y Paz del Centro CALAS San José, en el que se profundiza en este tipo de violencia: https://www.youtube.com/watch?v=C_g7BI95edE&list=PLlEozn7TxVhmgZYleV4gueEKCgqhIhLK9&ab_channel=CALAS-CenterforAdvancedLatinAmericanStudies [1] Tortosa, José María. (2012). “Las otras violencias” en Desigualdad, conflicto y violencia. Cinco ensayos sobre la realidad mundial (Ecuador: Ediciones Postgrados), p. 106. [1] Sandoval, Mauricio, 16 de octubre del 2020, “La comunicación y la representación de la violencia contra la mujer” disponible en: https://flacso.or.cr/noticias/la-comunicacion-y-representacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/ [1] Sandoval, Mauricio, 16 de octubre del 2020, “La comunicación y la representación de la violencia contra la mujer” disponible en: https://flacso.or.cr/noticias/la-comunicacion-y-representacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/ [1] INEC, Encuesta continua de empleo. Disponible en: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reecejja2020.pdf [1] Conferencia Virtual de Ariane Grau, especialista en derecho laboral (https://fb.watch/5tpAr9SXDJ/)



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